A fines del siglo XX, gran parte de los países que contaban con regímenes intervencionistas y marcadamente estatistas pasaron por procesos de reformas que permitieron impulsar, en mayor o menor medida, el crecimiento de sus economías. Como parte de dichos procesos que evaluamos a partir del estudio de un grupo de naciones Europa del Este reunido en la investigación hecha por Bertrand Renaud para la Universidad de California (1996) en el que muestra cómo tales países avanzaron con reformas que requirieron la aplicación de una serie de medidas en sectores claves.

Resulta relevante destacar que para evaluar las perspectivas de un rápido proceso de aperturas y liberalización de la economía se consideran el ritmo y el alcance de las reformas en tres áreas de políticas elementales:

Al comienzo, la aplicación de estas medidas pueden implicar convulsiones sociales ante los “shocks” que experimentan los ciudadanos por un incremento sustancial de sus gastos por las políticas de estabilización de precios y liberalización: levantamiento de controles, subsidios y regulaciones de precios generalmente ineficientes e incapaces de atender la demanda en la economía. Sin embargo, la evidencia empírica nos demuestra que si se logran superar las dificultades iniciales con políticas económicas compensatorias, se comienzan a ver resultados positivos sustanciales en las principales variables económicas en un horizonte temporal de mediano plazo (2-3 años) para los países que tenían regímenes con altos niveles de intervención en la economía.

Definiremos a este tipo de regímenes intervencionistas como aquellos en los que se inhiben las posibilidades de actuación del sector privado del país y donde los principales servicios e industrias están en manos de un Estado significativamente más grande que el capital privado. 

Cuando hablamos de procesos de apertura, podríamos generalizarlo como cambios en los cuales dicho capital privado empieza a recibir estímulos que le permiten volver a expandirse luego de años de contracción y recortes. La privatización de áreas claves como mencionamos en el gráfico juega un rol fundamental en este sentido y marca un cambio en la relación entre el capital público y privado del país.

De esta forma, ese proceso irá generando nuevos equilibrios y ajustes en la economía, a la par que avanzan las reformas claves. Como consecuencia de ello, progresivamente habrá una estabilización de los precios (reducción de la inflación a niveles moderados) y una aceleración del crecimiento económico (superando la etapa de contracción económica o estancamiento). La conjunción de ambas circunstancias conducirá a un mayor bienestar, que mejorará la capacidad de compra de los individuos en la medida en que se permitan abrir nuevamente los mercados de créditos, y con ellos, los nuevos sistema de financiación de la vivienda, y demás bienes privados.

Distinguiendo estos dos tipos de economías, de la que se parte a la que se quiere migrar, usaremos la caracterización que el economista húngaro Janos Kornai ha señalado por la afinidad que existe entre las formas de propiedad, por un lado, y los mecanismos de control económico y los modos de financiamiento por el otro.

Economías socialistas	Economías de mercado
Propiedad estatal	Formas privadas de propiedad
Financiamiento estatal	Financiamiento por parte del sistema bancario y mercados de capital competitivos
Monopolios estatales generalizados	Privatización de servicios básicos

¿Cuál reforma económica es mejor aplicar?

A pesar de las importantes características comunes de los sistemas intervencionistas, la transición hacia economías de mercado difiere mucho entre países, generando un debate internacional sobre la eficiencia relativa y los costos asociados a las reformas graduales en comparación con las radicales.

La decisión de cuál reforma implementar dependerá de varios factores, tales como necesidades, intereses de los grupos políticos que la dirijan y opiniones de los profesionales encargados. Dicho debate se extiende hasta el día de hoy cuando se evalúan casos como Venezuela, Argentina (2015) o Ecuador (2017), donde gobiernos de corte intervencionista, fueron o intentan ser sustituídos por líderes con una visión promercado.

En los casos de Argentina y Ecuador, los cambios políticos implicaron una serie de reformas graduales con la intención de que el proceso de apertura estuviese acompañado por políticas compensatorias que no golpearan de forma tan frontal a los sectores con menor capacidad de soportar impactos directos en la economía frente a las medidas de eliminación de los controles de precios y privatización de servicios básicos. Ambos experimentos de gradualismo, no parecen haber resultado excesivamente positivos a juzgar por los resultados. 

Mauricio Macri, sucesor de Cristina Fernández de Kichnner, perdió la reelección en 2019 ante la fórmula peronista que incluía a la expresidente como fórmula vicepresidencial de Alberto Fernández por la falta de resultados tangibles para la ciudadanía en sus acertadas medidas de disminución del tamaño del Estado y menor control de la economía. Por su parte, Lenín Moreno ha enfrentado enormes desafíos para poder llevar a buen término su mandato que finaliza en 2021 y su período ha estado marcado por la búsqueda de equilibrios y moderación con los sectores indígenas del país, quienes se han opuesto al  programa de medidas acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que buscaba igualmente implementar cambios progresivos para dar más espacio y oportunidades al sector privado.

En el caso de Venezuela, las presiones han sido de forma asfixiante para que estos cambios económicos se concreten, pero las circunstancias están mucho más vinculadas a los asuntos de orden político. Para que sea factible iniciar cualquier tipo de reformas que deriven en aperturas económicas óptimas en este país es necesario, al menos, que se generen acuerdos suficientemente amplios entre los principales actores políticos del país que permitan poner las necesidades económicas en primer lugar y la implementación de medidas de choque o reformas rápidas que levanten el colapso total de los servicios básicos en el país.

Reformas graduales	Reformas rápidas o medidas de choque
Implementación de cambios lentos: ajustes progresivos en servicios básicos, disminución paulatina del sector público, levantamiento de subsidios y regulaciones de precios de forma gradual	Implementación de cambios rápidos: privatización de servicios, subsecuente sinceración de precios y recortes inmediatos del sector público
Menores costos sociales asociados	Mayores costos sociales asociados
Menor dificultad de aplicación	Mayor dificultad de aplicación

Una conclusión que se obtiene de los casos de colapsos de Estados centralizados y socialistas que detallaremos más adelante es que, independientemente del tipo de procesos de reforma que sean asumidos, las aperturas económicas siempre derivan en mayor crecimiento económico en el mediano plazo y conducen a un mayor bienestar social a largo plazo.

Comparativa entre cambios graduales y de choque

Haciendo seguimiento a las reformas que experimentaron las naciones de Europa del Este en la última década del siglo XX, se puede notar la existencia de varios grupos de implementación de las mismas. En el gráfico adjunto a la sección, representamos cuatro grupos que involucran parte de los planes de implementación de las reformas de acuerdo a su gradualidad.

Los países del grupo 1, República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, realizaron los cambios en áreas claves de forma acelerada y fueron ejemplo en el mundo por la velocidad de su implementación y la calidad de sus reformas. Como se observa en el gráfico, su control de episodios inflacionarios agudos fue bastante efectivo una vez inició la aplicación de reformas para superar el colapso de los estados socialistas.

Los países del grupo 2, conformado por Estonia, Letonia, Lituania, Albania, Bulgaria y Rumania realizaron reformas que los hicieron ubicarse como dentro de los reformistas intermedios-altos.

Los países del grupo 3, donde agrupamos a Rusia, Moldavia, Kazajstán y  Kirguistán, realizaron procesos de reformas más lentos y graduales. El miembro dominante de este grupo es Rusia, donde queda un alcance considerable para avanzar en las áreas macroeconómicas, legal y financiera. 

Por su parte, los miembros del grupo 4, incluye a los países que trataron de continuar con la planificación central y que han sido los más renuentes a hacer uso de reformas macroeconómicas durante los primeros años de la transición. Debido a sus recursos, tamaño e importancia para Europa occidental, el caso de Ucrania es el más conocido. 

De una forma más amplia, China, Vietnam y Myanmar, nombradas como las economías socialistas asiáticas pueden ser también incluídas en este grupo 4 que agrupa la renuencia inicial para aplicar reformas, a pesar de su contraste significativo con los países de Europa del Este y la antigua Unión Soviética. Como observamos en el gráfico estos países fueron lo que tuvieron mayores complicaciones en controlar la evolución de la inflación durante los años posteriores al colapso de las repúblicas soviéticas a pesar de que la tendencia luego de cuatro años fue consistentemente a la baja.

Es importante reiterar que los grupos a los que se hace mención reflejan sólo los primeros años de cambio de régimen económico para evaluar su impacto durante la aplicación de las reformas iniciales.

Venezuela ¿gradualismo o shock?

Como mencionamos antes, el debate en Venezuela se mantiene estancado en la falta de generación de acuerdos políticos que permitan avanzar con reformas óptimas de privatizaciones que se conviertan en verdaderos mecanismos de eficiencia en la economía y no las tímidas aperturas que hemos visto en el último año y medio en el país, que si bien, por un lado han permitido la mejora en el abastecimiento de algunos bienes y servicios todavía están lejos de poder ser consideradas como parte de una política integral de reformas coordinadas y estructuradas que posibiliten la superación de la profunda crisis económica en la que se mantiene a la nación.

Sin embargo, reiterando que los miembros del gobierno de Maduro no tienen hoy la capacidad ni la credibilidad para ejecutar reformas claves en el ejercicio de la administración pública que permitan mejorar la vital relación con el capital privado local y extranjero que requerirá la economía, toda vez que el modelo de Estado grande e intervencionista colapsó por la pérdida de ingresos corrientes, la inexistencia de ahorros en forma de reservas internacionales o fondos de estabilización y la falta de acceso a los mercados de capitales para financiamiento. 

En ese sentido, los proyectos recientemente presentados de privatización de PDVSA, el aumento del precio de la gasolina y las menciones de que se requerirá apoyo de capital extranjero para recuperar el correcto funcionamiento de los servicios básicos, hacen notar que incluso a lo interno de la administración de Maduro, hay la convicción de que debemos avanzar hacia cambios importantes que incorporen capital extranjero a las empresas públicas, aún cuando su forma de implementación sea muy subóptima y su lógica se limite al objetivo pragmático de simplemente permanecer en el poder, así implique ceder en sus otrora dogmas económicos.

Por otra parte, la administración interina de Guaidó y sectores de la oposición política a Maduro han mencionado en reiteradas ocasiones la necesidad de contar con financiamiento extranjero y capital privado para levantar las industrias y servicios básicos del país, y avanzar en medidas que garanticen el cese de las regulaciones y controles de precios.

Parece factible entonces hablar de que, sin entrar a fondo ahora en las reformas que deben implementarse, Venezuela podría estar próxima a llegar a un gran primer consenso en algunos asuntos económicos fundamentales, aunque para ello igual se requerirá la consecución de los acuerdos políticos que antes mencionamos, ya que la magnitud de la crisis acepta poco espacio para cambios graduales y tiende a la toma de medidas inmediatas que antes categorizamos como “reformas radicales o medidas de choque”. 

Como aclaratoria final, las reformas radicales o terapias de choque no implican, en ningún caso, que se eliminen cualquier tipo de medidas sociales compensatorias, aunque el énfasis se encontrará en los cambios estructurales que se tendrán que aplicar para retomar cierta eficiencia en el uso de los recursos con los que cuenta el país.