Estados Unidos ha formulado un importante planteamiento tendente a lograr el concierto de los actores políticos fundamentales de Venezuela para una transición pacífica y ordenada. Esta ha sido la demanda de occidente desde la realización del falso e improvisado proceso electoral del 20 de mayo de 2018 en el que se proclamó ganador a Nicolás Maduro, dando paso a la tesis de la usurpación que ha sido sostenida por la Asamblea Nacional y la gran mayoría de la sociedad venezolana, con el apoyo de la comunidad de naciones, particularmente desde el 10 de enero de 2019, día en que se inició el nuevo período constitucional presidencial, asumido legítimamente el 23 siguiente por el presidente del parlamento, conforme a las previsiones constitucionales.
La calificación de dictadura es irrefutablemente acertada para el régimen de Maduro desde el desconocimiento a la Asamblea Nacional, su legitimidad emanada del voto popular, sus providencias conforme a las atribuciones que le otorga el texto fundamental y el fuero de sus miembros. Además, la instalación de una fétida constituyente que, erguida en el subterfugio del poder originario que, en realidad, no le fue conferido por los venezolanos, se ha constituido en un parlamento paralelo y en un centro de fusilamiento político. Por fortuna, el mundo ha reaccionado y cada vez con mayor decisión. El nacimiento de la espuria constituyente marcó un antes y después para muchos países, a lo que más adelante se sumaría el ya comentado ejercicio electoral fraudulento del 2018, posterior al cual observamos, inclusive, pronunciamientos de rechazo y desconocimiento por parte de países que usualmente no se pronuncian por nada, bien por razones de prudencia o tradición diplomática o para salvaguardar los más diversos y legítimos intereses.
Sería llover sobre mojado y tampoco constituye el propósito de estos comentarios, hacer profunda alusión a los acontecimientos suficientemente conocidos de Venezuela en 2019, tras la asunción del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, a la presidencia encargada de la República, en estricto apego a lo que la Constitución establece frente a la ausencia de un presidente electo el día 10 de enero del año en que corresponda el inicio de un nuevo período presidencial. Lo cierto es que, se trata de un hecho inédito en la historia del país suramericano y similar a muy pocos en la experiencia universal. Nunca, como ahora, Venezuela había sido parte de la agenda política de los países más importantes e influyentes del globo, que demandan el fin de la usurpación, a través de o para dar paso, a la realización de elecciones libres que correspondían realizarse en 2018.
La presión en procura de conseguir la entrega del poder, no por caprichos, sino porque así corresponde, ha sido enorme y pesada, liderada a un muy alto nivel por Estados Unidos. Sanciones, presión y gestiones diplomáticas, pronunciamientos, advertencias e, incluso, ofertas para quienes sostienen la usurpación si se hacen a un lado. La dictadura se niega a pesar del ahorcamiento financiero que ha buscado sortear a través del narcotráfico, la explotación de minerales preciosos y otras prácticas ilegales. Se sostiene con el respaldo de Rusia, China y la India en el campo internacional y a nivel interno por el deshonroso abrazo de una Fuerza Armada, cuya oficialidad superior comparte orgullosa las fechorías del régimen mientras abulta sus arcas de forma dantesca.
En medio de la pandemia del COVID-19, Estados Unidos sin abandonar su agenda política con miras a Venezuela ha hecho público, en primer lugar, que el Departamento de Justicia se encuentra tras una decena y media de miembros del régimen venezolano, imputándoles cargos por narcoterrorismo. La lista la encabeza el propio Maduro y le siguen sus ya reconocidos adláteres. Horas luego, el Secretario de Estado Mike Pompeo, hace un planteamiento transicional que comentaremos más adelante y, finalmente, otras horas después, el Presidente Donald Trump, acompañado por el Fiscal General y autoridades militares, anuncia que ha ordenado la «operación antidrogas más grande de occidente» en el Caribe, lo cual, sin querer entrar en el terreno de la especulación, no parece un hecho aislado del anuncio de días antes del Departamento de Justicia.
La propuesta de Pompeo de conformar un Consejo de Estado ad hoc que funja de Poder Ejecutivo, sin ser presidido por Maduro ni Guaidó, y organice elecciones libres en un plazo de 6 a 12 meses, fue acogida de inmediato por la Unión Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña y otros países europeos, la gran mayoría de los países de América Latina, entre otros, que ya suman alrededor de 40 naciones, así como la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Se trata de un plan bien elaborado, pero que, a nuestro juicio, deja algunos cabos sueltos que impiden, por los momentos, su materialización.
La primera consideración que ha de hacerse es que el Consejo de Estado fue propuesto por la presidencia legítima y la Asamblea Nacional en las jornadas de negociación en Barbados, arbitradas por el Reino de Noruega, a lo que el chavismo se negó, a pesar de que se planteaba in terminis en lo relativo a la presidencia del Consejo en manos ajenas a Guaidó y Maduro. Lo novedoso en este caso, además de que se establecen pasos concretos que sirven de marco para su conformación y funcionamiento, es que Estados Unidos se compromete a levantar las sanciones en la medida en que se cumplan algunos requerimientos, por ejemplo: se levantarán las sanciones a los miembros de la constituyente írrita si ella es disuelta. También serían beneficiarios de igual medida aquellos miembros del gabinete de la usurpación, una vez que el Consejo de Estado conforme un nuevo tren ejecutivo. Las sanciones al gobierno de Venezuela y, en particular, las impuestas al sector petrolero, pasarían a la historia si las fuerzas de seguridad extranjeras son retiradas (salvo que la legítima Asamblea Nacional apruebe su presencia con el quórum de votación requerido constitucionalmente a tal fin). Asimismo, el plan incluye la liberación de los presos políticos, el retorno de los poderes a la Asamblea Nacional, la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia, tras lo cual Estados Unidos retiraría las sanciones impuestas a los miembros actuales de esos organismos.
El Consejo de Estado, que surgiría por medio de Ley aprobada por la Asamblea Nacional- pudiendo ampararse para ello en la aplicación directa e inmediata del artículo 333 de la Constitución, como lo hizo en el caso del Estatuto que rige la Transición- estaría compuesto por cinco miembros, cuatro de los cuales serían elegidos por la Asamblea Nacional, dos por cada bando, tomando en consideración que uno de ellos debe ser gobernador en ejercicio. Los cuatro miembros escogerían al quinto, que fungiría como Secretario General del Consejo, o sea, el presidente interino que dirigirá la transición y convocará a comicios presidenciales y parlamentarios, siendo impedido de presentarse como candidato a la primera magistratura.
Esto último busca subsanar el prolegómeno de quién dirigiría la transición, lo cual es, en efecto, un obstáculo para acordarla, pero está lejos de ser el único. A nuestro juicio, hay dos obstáculos clave: la inexistencia de una amenaza verdaderamente creíble y la deficiencia en materia de incentivos y garantías para los miembros del régimen. Algunos consideran que el operativo antidrogas anunciado por Trump podría ser la amenaza creíble que se espera, pero a juzgar por las insolentes declaraciones del régimen subestimando la acción, parece que no es suficiente. En cuanto a los incentivos y garantías, no es poco el compromiso de levantamiento de sanciones que ha hecho Estados Unidos y luce apropiada, aunque disguste a nuestros sentidos, la propuesta similar al formato chileno o nicaragüense, de que permanezca durante la transición, el Alto Mando Militar, incluido el Ministro de la Defensa, así como las autoridades regionales y locales.
El problema mayor se evidencia cuando vamos a algunos casos concretos y nos formulamos preguntas. ¿Es suficiente, por ejemplo, para el Ministro de la Defensa el ofrecimiento de mantenerse en el cargo, cuando está siendo solicitado por la justicia norteamericana, acusado por narcotráfico? ¿Qué incentivos tienen Diosdado Cabello y Tarek El Aissami, en cuyas manos se reúne mucho poder que ha impedido en otros momentos acordar una transición? Si Maduro, como se ha asegurado, en algún momento consideró ceder ¿qué garantías tiene ahora, cuando por su entrega se ofrecen quince millones de dólares? Si bien, como aseguraron los altos oficiales estadounidenses, Maduro podría presentarse a los comicios que convocaría el Consejo de Estado ¿qué pasaría con él una vez que no resulte favorecido electoralmente? Estas son algunas de las interrogantes que quedan como los cabos que no permiten amarrar la transición.
La administración Trump plantea levantar las sanciones del Departamento del Tesoro, pero las causas abiertas con la justicia no son relajables, por lo que, si antes del anuncio del Fiscal Barr era muy difícil la concreción de una transición negociada, entre otras cosas porque algunos miembros del régimen sabían que era poco o nada lo que tenían como incentivos para negociar, ahora lo es aún más. Aquellos que han sido señalados habrán de enfrentarse irremediablemente a sus procesos, en el marco de los cuales, la única esperanza que tienen es ser merecedores de atenuantes en el establecimiento de sus penas. Esto no parece ser suficiente para unos maleantes que aspiran impunidad, manteniendo su negación, por tanto, a lo que constituye el mejor y más sensato escenario para Venezuela y la región: un acuerdo político para que comience la transición ordenada, pacífica y plural a la democracia y la institucionalidad y, con ella, el gran apoyo internacional humanitario, económico, electoral, social, de gobernanza, seguridad y servicios públicos para la resurrección de Venezuela, lo que es parte del compromiso que asume Estados Unidos en su propuesta y, por consiguiente, los países que la han secundado.
Veinte años de saqueo es suficiente, por lo que se impone inexorablemente comenzar a considerar, con seriedad, la transición. Y ella demanda de la dirigencia política profunda madurez y sentido de Estado, ya que no se trata solo de acordarla y llevarla adelante, sino de las garantías necesarias para la instauración definitiva de un régimen democrático estable y duradero, lo que quiere decir, que no se repita la tragedia que azota no solo a los venezolanos, sino a decenas de países, particularmente los vecinos, por las consecuencias de una migración masiva y desordenada. También la idea transicional requiere la comprensión, sacrificio y responsabilidad de la sociedad venezolana, cuyos dolores no acabarían con el mero cese de la usurpación, pero se aliviarían progresivamente en la medida en que ella logre sus cometidos, por lo que resulta imperativo que el proceso inicie en el menor tiempo posible.
Es mucho lo que desde el norte se hace por la democracia venezolana, a pesar de que hay esfuerzos a lo interno de la política estadounidense en procura de que la administración Trump baje la guardia respecto a Caracas. No son pocos los que enarbolan ideas como las del extinto senador, miembro del Comité de Relaciones Exteriores y contrario a las estrategias hacia Vietnam, James William Fulbright, quien en su libro The arrogance of power considera un error las políticas «con fervor misionero» ya que podrían «arrastrar compromisos que, aunque generosos y benevolentes, son tan ambiciosos que exceden incluso la gran capacidad de Estados Unidos«. Afortunadamente, el compromiso se ha demostrado en los días recientes sin vacilaciones y de forma inesperada por el contexto propio de una pandemia.
Es claro que todas las opciones tienen innumerables dificultades que hacen que se perciban, por decir lo menos, lejanas, pero el escenario que está planteado no deja de ser esperanzador por la determinación in crescendo y el liderazgo activo de Estados Unidos de América.
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