La última semana de marzo, el crudo venezolano se vende en siete dólares por barril. La cesta petrolera, sancionado, pesada, y transportada necesariamente por la vía marítima, es un problema por el que pocos quieren pasar, lo que obliga a descuentos de casi más del 40% de su valor.
A pesar de la escasa información respecto a los costos de producción actuales de Venezuela, los niveles de rentabilidad están en los mínimos del siglo y varios eventos comienzan a demostrar el menor interés de trasnacionales en el país. El negocio petrolero venezolano, cada día resulta más irrelevante, las sanciones y la dinámica petrolera mundial parecen haber acabado con los pocos ingresos provenientes de la factura petrolera.
La caída de precios del último mes, la más importante desde de que entre 1930-1931 coincidiera una crisis de oferta y de demanda como en esta ocasión, desajusta los presupuestos de todos los miembros OPEP+, pero en algunos tiene un impacto aún más dramático.
Ahondando un poco en el desequilibrio del mercado, su impacto a ambos lados de los determinantes del precio, es decir, por la oferta y la demanda, complica una recuperación a los niveles vistos a principios de año en torno a los 60 dólares por barril. La crisis por el lado de la demanda, se debe a la evidente disminución del consumo mundial del petróleo por la contracción económica que generan los confinamientos masivos y cuarentenas que han ocurrido en la mayor parte del mundo. Por su parte, por el lado de la oferta, la guerra de precios en la que entraron Arabia Saudita y Rusia cargando al mercado de sobreproducción de barriles, amenaza con seguir tumbando los precios a la par que el gigante energético de oriente medio se encamina a alcanzar los 13 millones de barriles por día.
A pesar de que el choque entre Rusia y Arabia Saudita no debería prolongarse de forma extendida en el tiempo, por complicar las finanzas públicas de todos los países del cartel petrolero, especialmente a los que enfrentan adicionalmente sanciones que impactan en la producción de crudo, como Irán y Venezuela, o aquellos que tienen una brecha presupuestaria considerablemente más amplia, como Arabia Saudita, Kuwait o Iraq, su desarrollo resulta aún impredecible.
La situación en Venezuela
Venezuela enfrenta con especial complicación la actual crisis mundial, casi sin margen de maniobra, con las reservas internacionales en mínimos de 30 años, un PIB contraído en más de dos terceras partes respecto a 2013 y la producción petrolera en mínimos desde mediados del siglo pasado. La situación ha ido agravándose a medida que la producción caía, y a pesar de ciertas aperturas y aumento de libertades económicas que daban cierta sensación de mejora, la realidad es que la crisis nunca ha dejado de sobrevolar el espectro venezolano.
El trasfondo es la enorme caída en la producción petrolera (Gráfico 1) que a su vez deterioró los ingresos por esta actividad. A pesar de que el gobierno intentó alternativas para que el sector privado aportara divisas a la economía, lo que en buena medida funcionó durante los dos últimos trimestres de 2019, la posibilidad de que esto funcionara como solución a largo plazo en medio de un entorno hostil con sanciones internacionales y bajos niveles de confianza hacia los mismos autores gubernamentales que causaron la crisis eran bastante bajas.
La dinámica mundial parece que además generará la retirada de los socios de PDVSA en el negocio petrolero. El próximo 22 de abril vence la licencia renovada en cuatro oportunidades de Chevron y la histórica empresa americana con cien años de trayectoria en el país parece ya haber asumido que no mantendrá la exención.
Hasta ahora, el mantenimiento de operaciones en Venezuela representaba, más allá de la lógica económica de dejar activos valorados por 2.700 millones de dólares, un interés geopolítico por no dejar el terreno libre a empresas chinas y rusas. La producción diaria de Chevron en el país como parte de los proyectos petroleros en los que participa, suman actualmente unos 35.000 barriles diarios, lo que representaría otro golpe a la producción local si finalmente se confirma la decisión de no renovar la licencia.
En previsión a esta medida, Chevron ha venido reduciendo sus operaciones en el país en las últimas semanas. Esto es un claro paso hacia la retirada luego de que hace un año anunciara la congelación de nuevas inversiones en el país a partir del momento en el que Estados Unidos prohibió las importaciones petroleras provenientes de Venezuela.
En los últimos meses, la situación se ha complicado luego de que la administración Trump sancionara a Rosneft por la comercialización de combustible a PDVSA y echara por tierra los planes del régimen de Maduro de aumentar la participación de compañías extranjeras en los proyectos mixtos con la intención de aumentar la eficiencia en el sector. Resultaría un contrasentido si luego de asumir una postura tan estricta con empresas extranjeras, mantuviera la operatividad normal de Chevron en el país, lo que podría derivar en acusaciones de competencia desleal.
La salida de Rosneft
Como consecuencia de la presión impuesta por el gobierno estadounidense, este fin de semana la petrolera rusa Rosneft anunció que saldría de Venezuela de manera inmediata y además vendería todos sus activos a una empresa subsidiaria del estado ruso. Esta decisión parece cumplir con dos objetivos inmediatos, aunque podría haber un trasfondo que no se puede desconsiderar.
En primer lugar, calmar a los accionistas privados de Rosneft frente a la exposición que estaban teniendo por su negocio en Venezuela antes las sanciones de Estados Unidos, y en segundo lugar evadir el esquema de sanciones para mantenerse comercializando el crudo venezolano a un costo mayor para la administración Trump que representaría sancionar a una empresa 100% propiedad del Estado ruso, que podría elevar los enfrentamientos con el Kremlin.
La medida parece lógica desde el punto de vista de la firma rusa ya que su composición no recae exclusivamente en el estado por lo que sus decisiones estratégicas no podían limitarse a orientaciones de tipo geopolítico. La empresa además de las acciones del estado ruso que rosan un porcentaje mayor al 50%, cuenta con capital de BP (19,8%), la Autoridad de Inversión de Qatar (5,3%) y de inversionistas privados de los mercados financieros por sus acciones cotizando en bolsa (10%).
Para estos grupos, mantener la exposición en Venezuela resultaba inapropiado por la vulnerabilidad a la que se sometían ante nuevas sanciones de los Estados Unidos a sus filiales luego de que en febrero fueran sancionadas sus dos principales comercializadoras de crudo. Ahora que cierra sus negocios en Venezuela, Rosneft espera que Washington levante sanciones a las dos filiales, de acuerdo a lo que declaro un portavoz de la empresa. A pesar de la expectativa de los accionistas porque Estados Unidos elimine las sanciones, la realidad es que probablemente el accionar de Putin con la nueva empresa propietaria de los bienes en Venezuela marque el futuro de la postura estadounidense. Un mecanismo de presión que seguramente Trump estará dispuestos a utilizar.
Respecto al segundo punto referente a la evasión del esquema de sanciones impuesto por el Departamento del Tesoro a las empresas comercializadoras de crudo venezolano, Rosneft tardó apenas dos semanas en comprobar la firme voluntad de Estados Unidos en aplicar mecanismos de presión que permitan promover una transición política en Venezuela. Una vez cambiaron la comercialización de Rosneft Trading a TNK Trading solo tuvieron que pasar unos días para que la nueva empresa también resultara sancionada.
Parece difícil pensar que no podría pasar lo mismo con la nueva propietaria estatal rusa de los bienes en territorio venezolano, por lo que queda la duda sobre si el Kremlin mantendrá con fuerza la apuesta por Maduro en el poder o prefiere una lenta y discreta retirada que permita sin embargo no perder de entrada sus activos en el país.
De la nueva empresa aún no se tiene ningún tipo de información y se desconocen detalles sobre su operatividad y capacidad, pero la carta del Departamento del Tesoro de jugar con el levantamiento de sanciones a Rosneft en la medida en la que Rusia no asuma la misma postura irreverente con la nueva empresa, parece una jugada de la que no es tan claro el resultado.
En cualquier caso, un rápido mensaje que deja la salida de Rosneft en Venezuela es al resto de multinacionales que aún operan en conjunto con PDVSA: Repsol, ENI, Total o Reliance. Si el socio más empático e involucrado con la causa “bolivariana” ha abandonado el barco ante las fuertes arremetidas estadounidenses, ninguna de ellas está a salvo, por lo que podrían haber movimientos en este sentido en el corto plazo.
El cierre de otras opciones
Por último, otro aspecto que queda claro de los últimos movimientos es que los descuentos tenderán a aumentar a medida que se compliquen más los socios capaces de colocar en el mercado nuestro crudo. En un escenario con descuentos más elevados, colapso de los precios en mercado internacional, elevados costos de producción y caída en la producción PDVSA tendrá sus menores beneficios de los últimos años por actividad petrolera. Unos ingresos al cierre de marzo entorno a los 20 millones de dólares, representan niveles inéditos desde principios de los noventa, salvando el paro petrolero donde la producción se paralizó en altos niveles y se dificultó la comercialización crudo lo que también aumentó significativamente los costos.
El ejercicio (Gráfico 2), basado en un costo promedio estimado a partir de tres referencias del mercado, ubica los costos de producción por barril en 14 dólares y asume descuentos en torno al 40%, considerando un precio promedio del mes en torno a los 25 dólares por barril y una producción de 680.000 bd, permite obtener algunas comparaciones preocupantes. La caída en términos de beneficios en un mes supera el 90% principalmente por la disminución de precios pero también por el incremento de los descuentos y la caída en la producción. Otros datos que alarman es que los ingresos diarios hoy representan apenas 26% de los ingresos diarios obtenidos por petróleo en febrero de 2019, cuando Estados Unidos bloqueó las compras de petróleo desde nuestro país.
De mantenerse esta tendencia (sobre todo si no hay recuperación de precios), no resulta difícil proyectar que abril será el primer mes en el que la actividad petrolera de PDVSA genere pérdidas (en proyección dado que el petróleo se comercializa con entre 60 y 90 días de anticipo). En este escenario parece que el cerco se cierra sobre los ingresos del país y hay pocas herramientas para contrarrestar la crisis que pueda originar la pandemia.
Las opciones de Maduro están muy limitadas y no parece que vayan a surgir soluciones mágicas en el corto plazo, aunque el precio del petróleo siempre puede jugar a salvavidas. En cualquier caso un posible repunte este mercado no devolvería al precio a niveles por encima de 40 dólares debido a la menor demanda mundial por la pandemia.
En este contexto, la estrategia de Estados Unidos de máxima presión parece no distenderse aún en medio de la crisis por el avance del COVID19, sin embargo, las opciones militares de bloquear navalmente el país, que fueron mencionadas a la salida de la reunión de principios de mes entre Bolsonaro y Trump, también parecen perder sentido en la medida en la que la propia rentabilidad de la industria cae a mínimos, los socios abandonan a PDVSA y las dificultades para comercializar obligan a mayores descuentos.
Quizás los últimos acontecimientos precipiten una solución en Venezuela que no estaba sobre el tablero, habrá que esperar un poco para evaluar la magnitud de daños derivados de esta situación inesperada, el “Cisne Negro” que también cambiará la dinámica venezolana, aunque habrá que ver en qué medida.
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Jesús Palacioshttps://www.logconsultancy.com/author/jpalacios/
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