En el apogeo de la lucha contra la pandemia, el virus generado por el COVID-19 no ha sido lo único que se ha propagado alrededor del mundo. Los aires autoritarios en gobiernos de ambos hemisferios han proliferado escondidos tras bastidores en las medidas para mitigar el avance de la enfermedad que nos acecha.

La historia ha demostrado que los momentos de emergencia son el cultivo perfecto para el establecimiento o consolidación de gobiernos autoritarios. Sería lamentable que las principales víctimas de la pandemia fueran la democracia y la globalización.

En esta ocasión, ahondaremos en los riesgos fundamentalmente sobre los sistemas democráticos que representa la coyuntura actual a medida que proliferen las tesis sobre si escenarios como estos son los idóneos para evaluar reducciones en los niveles de democracia en nuestros países, ante la aparente ineficiencia de los sistemas actuales.

Desde países líderes en la promoción de los valores democráticos como Estados Unidos, hasta democracias de América Latina como El Salvador, o países de corte neoautoritario como Hungría o Venezuela, han aprovechado la coyuntura para acumular más poder y gobernar con menos controles.

El coronavirus parece hecho a la medida para los gobiernos y políticos autoritarios que han proliferado en los últimos años. Mientras muchos subestimaron al principio el alcance de la enfermedad, ahora la severidad de las medidas parece serles útiles para recortar libertades democráticas, dar un rol más relevante, y en casos, exorbitante, a los militares, cerrar las fronteras a la migración y exaltar el nacionalismo frente a la cooperación multilateral.

El avance de los autoritarismos no es un fenómeno nuevo, el indicador global de democracia del instituto Freedom House revela que son ya 13 años consecutivos en el que las libertades y la democracia presentan una variación a la baja. Su último informe (2019) inicia con una frase preocupante “El retroceso ha abarcado una variedad de países en cada región, desde democracias de larga data como los Estados Unidos hasta regímenes autoritarios consolidados como China y Rusia. Las pérdidas generales aún son superficiales en comparación con las ganancias de finales del siglo XX, pero el patrón es consistente y siniestro”. Y concluye con una oración aún más alarmante “La democracia está en retirada”.

En Estados Unidos, Donald Trump afirma tener “autoridad total” para iniciar con la reactivación de la economía, por encima de las decisiones que son competencia de los gobernadores de cada estado y, además, se rumora que presionará para buscar una posible postergación de las elecciones generales de noviembre, como consecuencia de las medidas aplicadas contra la propagación del COVID-19, a pesar de que esto parece improbable por las restricciones constitucionales que lo limitan. 

En El Salvador, Bukele cuenta con una legislación que permite suspender los derechos fundamentales y ha ordenado tratos crueles e inhumanos a los presos del país, de acuerdo al informe de Human Rights Watch sobre la situación. En España, el gobierno de Sánchez restringe el acceso directo a la prensa a las conferencias del gobierno, en Venezuela el régimen de Maduro aprovecha las medidas de emergencia para aumentar la persecusión a la empresa privada y a los líderes políticos que se le oponen, mientras que en Corea del Norte y Nicaragua, los gobiernos mantienen un férreo control sobre cualquier información referente al avance de la pandemia en el país.

En Hungría, Viktor Orbán, promueve una extensión ilimitada del estado de emergencia que le otorga poderes especiales. Además, en algunas naciones africanas como Sudáfrica, Kenia y Nigeria, se ha permitido a las fuerzas policiales y militares actuar con rudeza frente a cualquiera que incumpla el distanciamiento social y las medidas de confinamiento.

Todos los gobiernos, desde los de corte autoritario hasta los más democráticos, de izquierda o de derecha, afirman que lo hacen como parte de las medidas necesarias para enfrentar la pandemia, pero la presencia de efectivos militares cumpliendo tareas civiles genera inquietudes, especialmente en países donde han tenido o tienen control e influencia sobre el poder político.

¿Es una solución disminuir los niveles de democracia?

Un informe de la Universidad de Cambridge entregado en marzo de este año, reveló que el apoyo a la democracia había disminuido drásticamente en la mayor parte del mundo desde la década de 1990 ( Bennet Institute for Public Policy Cambridge, Center for the Future of Democracy “Global Satisfaction with Democracy 2020”, página 42), incluso en Estados Unidos, Europa occidental y meridional. Mientras tanto, China, la mayor autocracia del mundo, está extendiendo su influencia en todos los continentes por la vía del financiamiento y, más recientemente, con el apoyo técnico frente a la pandemia.

En las democracias occidentales consolidadas , los colapsos financieros y sus resoluciones desiguales, los fracasos en la política exterior y el auge del populismo, han erosionado la percepción de que las instituciones democráticas producen estabilidad y gobernanza en el largo plazo. Por su parte, en las democracias de América Latina, África y Asia, los gobiernos elegidos han luchado sin mucho éxito para superar los problemas endémicos de corrupción, criminalidad y fragilidad del estado, generando una rápida decepción y colapso de los sistemas.

El informe citado expresa que las democracias están en su punto más bajo y, en general, se caracterizan por mayor inestabilidad política y conflicto. Eso significa que si la satisfacción con la democracia está cayendo de forma generalizada, los últimos resultados electorales en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y Sudáfrica han sido una consecuencia de ello.

Basado en esto, el profesor de economía de la Universidad de Cambridge y miembro del equipo que elaboró este estudio, Garett Jones, aborda la democracia como un sistema de producción cuyo producto es la gobernanza, y examina cómo se puede ajustar para mejorar el bien resultante. Jones comenta que es necesario probar si los niveles actuales de democracia son los más óptimos para alcanzar la estabilidad política y la gobernanza, condiciones necesarias para el desarrollo, o si por el contrario, debemos limitar las participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

Lo que menciona Jones no es algo inédito, todas las democracias limitan la participación popular en la toma de decisiones colectivas, ya sea entregando la responsabilidad a los representantes elegidos para adoptar las resoluciones importantes o nombrando jueces y otros funcionarios públicos.

Adicionalmente, de acuerdo al estudio, aspectos como el comercio internacional, las decisiones judiciales y las administraciones locales, podrían presentar mejores resultados si su elección no estuviera vinculada a un evento electoral.

Sin embargo, este análisis excluye que para la mayoría de las personas, el componente moral de la democracia también es esencial. Es una expresión de la creencia de que todos son iguales ante la papeleta de votación y que la gente de un país debe tener poder sobre su gobierno. Una disminución de la democracia puede optimizar la estabilidad o el crecimiento económico, pero también llevaría a una pérdida de legitimidad que podría significar costos económicos mayores.

Tomando un ejemplo de la coyuntura actual, no debemos olvidar que la amenaza del COVID-19 comenzó en China, y el esfuerzo inicial de su gobierno autoritario para encubrir la epidemia permitió que se extendiera a nivel mundial, aunque su reacción en el cierre de Wuhan es dado como ejemplo de eficiencia autoritaria. Sin embargo, China no está sola, son muchos países que, por su manejo de la crisis, han tomado un corte marcadamente autoritario.

El difícil retroceso del autócrata.

Hay preocupaciones racionales sobre si una vez que las fuerzas armadas salen de sus espacios institucionales, resultará muy complicado hacerlas retornar, por lo que las nuevas escenas de calles vacías y militarizadas generan preocupación tanto en las democracias que emergieron de férreas dictaduras militares, como en las democracias tradicionales donde tales restricciones son vistas como una pérdida en la calidad de vida.

No obstante, la realidad es que sería torpe negar a los gobiernos la potestad de limitar las libertades durante emergencias, y siempre bajo el control y escrutinio de los otros poderes. La preocupación es que las medidas actuales se conviertan en decisiones que se mantengan, no solo porque los líderes autoritarios lo exijan sino porque una ciudadanía atemorizada lo consienta.

Ahora, a pesar de que estos cambios pueden ser verdaderamente necesarios en algunos casos, son también el reflejo de la poca credibilidad institucional existente entre los países incluso, ejemplos de democracia, que hemos mencionado antes.

Por ello vale la pena exaltar un modelo que destaca como baluarte de su fortaleza institucional y democracia: Suecia. Nuevamente el país escandinavo es ejemplo para el mundo en aplicación de políticas. Las medidas tomadas por su gobierno son flexibles y opcionales.

Esta política se basa en la confianza de que los ciudadanos seguirán las indicaciones de distanciamiento y no reunirse en grupos grandes. Esa confianza va más allá del gobierno porque es un acuerdo de fondo entre el Estado y los ciudadanos. Este acuerdo implícito es posible solamente por la alta credibilidad en las instituciones del país.

Por último, mencionando un dato que demuestra la incidencia que tiene la democracia en problemas sociales, el economista Amartya Sen, resalta que las hambrunas nunca ocurren en una democracia. Y afirma que la respuesta es que la libertad de expresión y la acción colectiva son poderosas salvaguardas de la ciudadanía en casos de emergencia. Son estas prácticas democráticas las que hacen más probable que circule información vital y que las políticas erróneas puedan ser enmendadas.

Apuntaciones finales.

Con los valores democráticos amenazados, es tarea de todos trabajar por defender y perfeccionar el sistema político que ha generado los más altos niveles de desarrollo en todo el mundo. El futuro de la democracia, particularmente en América Latina, depende de avanzar en reformas claves que faciliten la coordinación y ejecución de políticas. Depende, también, de acometer la permanente asignatura pendiente de la región: la consolidación de sistemas tributarios fuertes y progresivos, combinados con reglas para preservar los balances fiscales y una férrea lucha anticorrupción.

Asimismo, el avance de medidas autoritarias en todo el mundo, vuelve a poner de manifiesto un tema fundamental en el que trabajar: se debe profundizar el establecimiento de instituciones fuertes pero con flexibilidad en un entorno cambiante y de profundos problemas que debe evitar el desapego de sus ciudadanos a los sistemas democráticos que llevará a derivas populistas y autoritarias.

Decía Benjamin Franklin, que bien sabemos que quien está dispuesto a ceder la libertad para salvaguardar su seguridad, termina perdiendo ambas, es por eso que, si nos preocupa nuestra seguridad,debemos enfrentar con igual fuerza el avance del autoritarismo viral.